Ayer por la noche fue tendencia en la plataforma “X” El Cartel Inmobiliario de la CDMX durante el debate chilango donde Clara Brugada y Santiago Taboada se dieron tremendo encontronazo al realizar acusaciones mutuas de corrupción en el que salió a colación la forma cínica y vergonzosa conque han estado operando en este sector fraudeando a miles de mexicanos

Pero en Baja California no nos gusta quedarnos atrás y aquí tenemos nuestro propio Cartel Inmobiliario que es encabezado por Grupo Concordia, que opera a toda máquina de manos de corrupción, estafando a sus clientes a diestra y siniestra.

Operando con total impunidad este Cartel Inmobiliario realiza todas sus transacciones criminales con total desfachatez por sus redes de influencias que los protegen, una” pandilla de estafadores” y de corruptos que es “lidereada” directamente por el propietario de Grupo Concordia; Valente Márquez Amézquita, considerado “la mente maestra” de los cientos de fraudes que ha cometido su empresa que a través de dicha carrera delictiva y a bases de sobornos a las autoridades gubernamentales ha logrado el imperio criminal y de riqueza que hoy ostenta y disfruta con su familia a costillas de cientos de incautos que “caen en sus manos”

Cantidad inmensurables de denuncias yacen en la fiscalía general del Estado de Baja California y solo sirven para ocupar un lugar especial en algún rincón de las bodegas de dicha dependencia y que sirven solo para anidar cucarachas y ratas pues nadie realiza ninguna acción en contra de este grupo corrupto de inmobiliarios que opera con tanta impunidad

¿Algún día habrá voluntad política para detener a estos delincuentes de cuello blanco que afectan tanto a la ciudadanía?

El próximo domingo 28 de abril a las 20:00 horas se llevará a cabo el Segundo Debate Presidencial en los Estudios Churubusco, donde las candidatas Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM), Xóchitl Gálvez (PAN, PRI, PRD) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) se enfrentarán en un escenario renovado.

A diferencia del primer debate, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado cambios significativos en el formato de este segundo ejercicio, buscando promover un contraste de ideas entre las candidaturas, difundir sus propuestas y privilegiar la participación ciudadana directa.

El formato B del Segundo Debate Presidencial del Proceso Electoral Federal 2023-2024 incluye entrevistas videograbadas, donde la ciudadanía podrá preguntar directamente a las candidatas a la Presidencia de la República. Estas preguntas deben ser genéricas, cordiales e imparciales, evitando cualquier manifestación de violencia, discriminación o propaganda gubernamental. Las personas que participen tendrán hasta un minuto para realizar su pregunta.

Durante el debate, cada candidato realizará una presentación general de cada uno de los bloques temáticos, respondiendo a preguntas ciudadanas videograbadas. En total, se realizarán ocho preguntas a cada candidatura, abordando temas como crecimiento económico, empleo e inflación; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad; cambio climático y desarrollo sustentable.

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates, detalló que la escaleta estará dividida en planteamiento general, pregunta de la ciudadanía videograbada, que contestan las tres candidaturas, luego otra pregunta e inicia la bolsa de tiempo de cinco minutos y luego el mensaje final.

“Dentro de la bolsa de cinco minutos, la moderación propiciará el diálogo; en el caso de que en algún momento no se esté propiciando este diálogo, este debate o este contraste de ideas, se podrá hacer una pregunta general sin interrumpir a ninguna candidatura o un planteamiento genérico de alguno de los temas de cada uno de los bloques para seguir con la propia discusión”, añadió Humphrey.

Esta nueva dinámica busca garantizar la representatividad y espontaneidad en las preguntas de la ciudadanía, evitando movilizaciones masivas para la grabación de las mismas. Además, se ha ampliado la participación regional, incluyendo ciudades en Estados Unidos como Los Ángeles y Dallas, con el apoyo logístico de las sedes consulares.

El Segundo Debate Presidencial promete ser un espacio de contraste de ideas y propuestas, con un formato renovado que privilegia la participación ciudadana y la transparencia en el proceso electoral.

Con información de Quinto Poder.

 La teoría y la práctica de los derechos reproductivos en México son dos mundos distintos, como lo refleja la disputa legal que libra una víctima de violación de apenas 13 años de edad, cuyo bebé nació después de que se le hizo esperar para interrumpir su embarazo y acaba de recibir el amparo de un tribunal federal para que no se le obligue a ser madre.

El aborto en casos de violación es legal en México desde hace años y el país avanza rumbo a la despenalización total de la interrupción del embarazo desde que la Suprema Corte se pronunció en ese sentido en 2021 y 2023.

Pero el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer ayer una sentencia que deja al descubierto una realidad que, según activistas, se vive con frecuencia en muchos puntos del país: menores violadas y obligadas a ser madres al margen de lo que digan las leyes.

Aunque en México ya existía una causal para interrumpir el embarazo por violación, desde 2005 está vigente una norma que obliga a los servicios de salud a ofrecer el servicio en estos casos. Y las leyes garantizan explícitamente desde 2016 que las menores tienen el derecho a decidir.

Pero, para la adolescente del estado de Morelos, al sur de la capital mexicana, nada de esto importó.

La niña denunció en enero de 2022 que fue violada en repetidas ocasiones durante un año por la pareja sentimental de su madre.

Ese mismo mes, la joven acudió con su padre a un hospital para que se le practicara un aborto.

Según las autoridades del centro médico, padre e hija decidieron posponer el procedimiento al ser informados de los riesgos y aceptaron que se llevara a cabo mediante cesárea en la 31ra semana de gestación.

Según la sentencia, la cesárea se realizó en marzo de 2022 y la bebé nació con vida. Posteriormente y con el consentimiento de la madre, la fiscalía llevó a la bebé a un centro de atención de menores, donde permanece actualmente.

Un año después se inició el proceso de adopción, pero el padre de la joven cambió de opinión y solicitó la custodia de su nieta — ahora de año y medio— hasta que su hija fuera mayor de edad y pudiera hacerse cargo de ella, algo que la niña había dejado claro que no era su deseo.

Según la jueza, la petición del hombre evidenciaba, además, que no quería adoptar a la bebé definitivamente.

La jueza recordó que no se puede obligar a la maternidad a una adolescente víctima de violación porque el derecho internacional califica ese acto como “tortura” y enfatizó que se debe proteger también a la bebé “a una adopción temprana”.

Por ello, determinó proteger a la joven porque se la pretendía “revictimizar, al obligarle a comparecer en un procedimiento no contencioso para ratificar su voluntad de dar en adopción a la bebé nacida a consecuencia de la violación”.

La Suprema Corte determinó en 2021 que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar, y aunque los estados se han ido pronunciando poco a poco en el mismo sentido, una veintena de las 32 entidades del país aún no modifican sus códigos penales.

Además, en 2023 el alto tribunal despenalizó el aborto en el código penal federal, con lo que las instituciones federales de salud federales, que cubren al 70% de la población, teóricamente están obligadas a brindar servicios de interrupción del embarazo.

“Es muy grave que después de que México tiene un alto estándar de interpretación sobre el aborto, donde no es un delito, sigamos viendo de manera cotidiana la violación, por parte de las autoridades, de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violación, obligándolas a ser madres”, afirmó a la AP Verónica Cruz, integrante del organismo Las Libres que defiende un aborto libre.

A pesar del nuevo dictamen, Cruz enfatizó que la prioridad actual es “obligar a que se cumplan” todos los pronunciamientos judiciales.

Con información de AP.